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lunes, 28 de enero de 2008

INSOLITO


Para pasar por el puente General San Martín hay que tener «tarjeta vecinal» expedida en el piquete.

Durante un año y dos meses, que es la duración que ha tenido hasta el presente el corte de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú en el pareje conocido como Arroyo Verde, los activistas que integran ese grupo han actuado como «dueños y señores de la ruta», obtuvieron apoyos económicos y hasta actúan expidiendo «documentos» que habilitan a pasar por el puente a quienes ellos consideran que pueden hacerlo.

Durante todo el 2007 transitaron el puente «General San Martín» solo 80 vehículos pesados —camiones u ómnibus— y 13.261 livianos (motos y autos) cuando en el 2005, último año sin cortes, lo hicieron 12.394 vehículos pesados y 38.949 livianos.

Esos pocos vehículos que lograron pasar el año pasado lo hicieron autorizados por los asambleístas, quienes asumen esa función sustituyendo a las autoridades competentes. Y hasta tal punto la sustituyen que expiden «tarjetas vecinales».

La «Tarjeta Vecinal Arroyo Verde» es un papel que de un lado presenta el logo de la asamblea y la inscripción «No a las papeleras» y del otro espacios que se completan con el nombre, apellido, lugar de trabajo y patente del vehículo de las personas autorizadas a pasar el «piquete».

Esta «tarjeta vecinal» debe ser exhibida ante los piqueteros cada vez que las personas «autorizadas» a cruzar de un país al otro necesiten hacerlo.

La expedición de dichas tarjetas deja claro hasta dónde el piquete se ha «institucionalizado» en tanto el gobierno argentino continúa desoyendo las recomendaciones del Tribunal Arbitral del Mercosur, que se reunió a pedido de Uruguay y señaló que «la ausencia de las debidas diligencias que la Parte Reclamada (o sea la Argentina) debió haber adoptado para prevenir, ordenar o en su caso corregir los cortes de las rutas que unen a la República Argentina con la Republica Oriental del Uruguay, realizados por los vecinos de la ribera argentina del río Uruguay, no es compatible con el compromiso asumido por los Estados parte en el tratado fundacional del Mercosur, de garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre los territorios de sus respectivos países».

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