Primero: Argentina no ha desarrollado el proceso de información y notificación a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), como lo determina el Estatuto vigente. Es decir, en pocas palabras, no se ha cumplido con los pasos formales con relación a los términos de referencia de los estudios señalados y ya adjudicados, como tampoco con la información justificatoria y determinante de la ubicación de las dos represas señaladas, con la finalidad que la CARU, pueda realizar todos sus aportes, consideraciones, críticas y revisiones que estime correspondan, antes de avanzar en procesos de hechos consumados y otro tipo de efectos técnicos, económicos y ambientales indeseados. Estos pasos sí se habían cumplido en décadas precedentes y con otras alternativas de ubicación y estudios. Ahora no. Es relevante que nuestro País no olvide las enseñanzas del Fallo de la Corte de La Haya en el caso Plantas de Celulosa, es importante, el algo o poco, ser coherentes.
Segundo: la inexistencia de un Comité de Cuencas, que se integre por los tres Países que la conforman, genera una profunda debilidad, falta de visión y gestión de cuenca de una extrema gravedad, a esta altura de los acontecimientos. Lo expuesto imposibilita a la sociedad civil y las instituciones democráticas, poder disponer de toda la información delicada y relevante de la cuenca, lo que fragmenta la realidad y nubla o vuelve difusa una mirada mucho más global, compleja y comprometida con el sistema de la cuenca del río Uruguay.
Brasil ha destruido el Río Paraná en su cuenca Nacional. Ahora el río Uruguay se encuentra en terapia intensiva. Decenas de represas hidroeléctricas construidas, en construcción y planificadas.
Reitero, decenas.
Sin Brasil en un Comité de Cuencas, solo con Uruguay y Argentina, el escenario, es simplemente dantesco y catastrófico. Y además, se están invirtiendo millones de pesos en EBISA, que el pueblo de Misiones, así la realidad y desde el ejercicio más sano de su soberanía popular y energética, va a imposibilitar estas mega construcciones, frente al profundo debate social que el mismo está desarrollando, de abajo hacia arriba, hasta que las instituciones no tengan más salida, que convocar a su consulta y decisión cívica o popular.
(*) Jorge Daneri es abogado y especialista en materia ambiental.Diario El Argentino
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